Asignaturas pendientes en seguridad bancaria

Por Gerardo Milman - Diputado Nacional GEN/FAP

El 29 de julio de 2010 Carolina Píparo fue víctima de una salidera bancaria que conmovió al país. Exactamente 3 meses después, el Congreso sancionó la Ley 26.637 ‘de medidas mínimas de seguridad bancaria’ popularmente conocida como Ley contra las salideras. Desde entonces, el Poder Ejecutivo Nacional a través del Banco Central sólo ha implementado el sistema de mamparas previsto por la norma y hecho caso omiso al resto de las disposiciones taxativamente establecidas.

Es que, evidentemente, resulta mucho más barato instalar paneles opacos que mejorar aún mas los sistemas fílmicos de las sucursales bancarias para que sus registros sean monitoreados en tiempo real, por policías y/o vigiladores privados debidamente capacitados que puedan visualizar a través de estos sistemas actitudes predelictuales. Si así ocurriese, la prevención sería justamente eso y no la búsqueda desesperada de pruebas post-delito de dudosa efectividad procesal.

La Ley es clara al respecto y el gobierno la incumple: falta todavía que se obligue a los bancos a invertir en la adecuación de las bóvedas donde se encuentran las cajas de seguridad de sus clientes mientras lo que sí está a buen resguardo son sus propios tesoros. Las entidades financieras ponen mucho más empeño en cuidar ‘su dinero’ construyendo bóvedas conforme a normas del BCRA que en proteger las cajas de seguridad de sus clientes construyendo bóvedas con las mismas características. Hoy las cajas de seguridad no son más que simples estuches metálicos a la espera de golpes boqueteros.

Si bien esta cuestión nunca estuvo normada por el BCRA, en diciembre del 2011 este organismo le solicitó a todo el sistema financiero Argentino un informe detallado de cómo están construidas sus bóvedas de cajas de seguridad, aún sabiendo que existe un gran número de ellas que no cumplen con las características exigidas por las normas.

El 30/6/2012 por las propias normas del BCRA las bóvedas de cajas de seguridad mal construidas deberían haberse adecuado a las nuevas normas o el banco tendría que dejar de ofrecer el servicio a sus clientes, nadie sabe en qué situación se encuentra esto.

Si bien es cierto que la simple instalación de mamparas redujo en un 65% las salideras, estamos muy lejos del ideal que sólo será alcanzado cuando las autoridades y las entidades financieras cumplan la ley. Hay que forzar la convergencia de factores preventivos que la ley ha dispuesto en vez de especular irresponsablemente con el azar y la vida.

Capacitar al personal policial y al de las agencias de seguridad privada que contratan las entidades financieras en cuestiones ligadas a la seguridad bancaria, también es una asignatura pendiente. Instalar inhibidores de telefonía celular es, asimismo, una medida invisible que pondría una barrera real contra el delito. Hacerlo es más sencillo y menos ridículo que pedirle a cada persona que ingresa a un banco que deposite su celular en un casillero o en una bolsa negra.

Los hechos delictivos filmados por las cámaras de ‘seguridad’ que hemos visto por televisión en los últimos días parecen salidos de las películas de fines de los años 50 en las que Bonnie & Clyde o los gangsters de Chicago les robaban una sonrisa a los televidentes disparando al aire sus ametralladoras Thompson en blanco y negro.

Aquí, en la vida real, además de robar sonrisas los delincuentes se llevan bienes, dejan secuelas psicológicas profundas en sus víctimas y truncan vidas. ¿Cuánto falta para que el gobierno lance el plan ‘Seguridad para Todos’? ¿Será porque resulta muy oneroso o políticamente incorrecto hacer que los bancos inviertan? ¿Será porque no tienen la menor idea de cómo hacerlo?

Desde la oposición estamos abiertos a luchar conjuntamente contra el delito y la corrupción que lo ampara permitiendo zonas liberadas y ‘lagunas’ legales, apañados por la inacción gubernamental. Mientras el gobierno no se imponga a esos intereses seguirá siendo cómplice del delito.