ACCIDENTES DE TRABAJO - UNA REFORMA REGRESIVA

Más allá de su relato, un gobierno es reaccionario, conservador y antipopular cuando la salud de los trabajadores sigue sometida a las leyes del mercado.

Por Enrique Espinola Vera 

(Especialista en Derecho Laboral - GEN Quilmes)

Lo primero que cabe señalar sobre el proyecto de reforma a la ley de Accidentes de Trabajo, anunciado pomposamente por la cadena nacional por la Sra. Presidente, ante un auditorio de amanuenses (funcionarios, empresarios y dirigentes sindicales), es el contenido regresivo, conservador y antipopular.

 Es regresivo porque mantiene vigente un sistema donde el lucro es su “leit motiv”. Y mientras el lucro sea el motivo central de la ley de Accidentes de Trabajo, el trabajador seguirá pagando con su salud, su único “capital”, los beneficios que produce el sistema en favor de empleadores y aseguradoras. Seguirá así el trabajador peregrinando por servicios de salud muy distantes de su domicilio, sufriendo las consecuencias del traslado, las consabidas demoras y la degradada atención médica, para que al final, en muchos casos, se califique de enfermedad inculpable su dolencia y deba concurrir a su Obra Social en busca de la prestación médica negada por quien tiene la responsabilidad de su atención, sobrecargando así sobre el régimen de Obras Sociales con gastos y servicios propios del sistema de Accidentes de Trabajo.

Es conservador, pues el Poder Ejecutivo lauda sin hesitación alguna en favor de los empleadores, ignorando los avances que la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizó para atemperar la iniquidad del sistema instituido por la ley de Riesgos del Trabajo 24557. Claramente son los trabajadores quienes pierden derechos a favor de sus empleadores y de las ART cuando se mantiene un sistema donde la prevención ha brillado por su ausencia y sobre la cual la Sra. Presidente manifiesta que este tema (la prevención) quedará para más adelante. Es que sólo se trata de la salud de los que menos tienen, los trabajadores. 

 Y es profundamente antipopular cuando se somete al trabajador al chantaje de la opción, desconociendo o negando el estado de necesidad en que se encuentra un trabajador por su sola condición de dependiente y con una discapacidad laboral a cuesta. ¿Es acaso este el modelo “progresista de inclusión social” que pregona el Gobierno Nacional?

 Es hora de acabar con el doble discurso. Es hora de llamar a las cosas por su nombre.

 Más allá de su relato, un gobierno es reaccionario, conservador y antipopular cuando la salud de los trabajadores sigue sometida a las leyes del mercado.